¡Qué tal Wong!

Por: Carlos Sánchez

El caso Chehade huele mal, y un halo de corrupción rodea a quien participó activamente en la extradición del ex presidente Fujimori en 2007. La situación es muy extraña, y aún hay más interrogantes que certezas. Primero, aún no se puede establecer cuál fue el rol del vicepresidente en este cónclave gourmet que, en el restaurante Brujas de Cachiche, reunió a tres generales de la Policía Nacional y allegados a Chehade. Segundo, ¿alguien comprende cuál es el interés real del vicepresidente en la azucarera Andahuasi? Y tercero, extraña que el presidente Ollanta Humala haya dejado pasar una oportunidad como ésta. Salvando las distancias, el asunto es tan mediático como el caso Ciro, pero el presidente no ha sabido, o no ha querido, mostrarse enfático; no ha expuesto a los medios ni su liderazgo político, ni su capacidad de mando y ni tampoco su tan pregonada lucha frontal contra la corrupción.

Wong, en tanto grupo empresarial, no aportará mucho a las investigaciones. A través de su representante, ha declarado que judicialmente está todo a su favor. Sin embargo, si somos objetivos, este es un movimiento obvio para mantener la ‘buena’ imagen corporativa. No obstante, sería muy grave que se compruebe que esta empresa familiar, que ya forma parte de la primera gran crisis política de este gobierno, jugó sus cartas bajo la mesa (del restaurante).

Si el general en retiro Guillermo Arteta no miente y el tema principal de la cena fue el desalojo de la azucarera Andahuasi, el clan familiar estaría “metiendo cabe” al orgullo de miles de peruanos emprendedores, quienes vieron en ellos un ejemplo de lucha y superación a base de esfuerzo y trabajo honesto. ¿Dónde quedó el espíritu emprendedor de la bodega? Si la familia Wong usó a Chehade, no cabe duda que el vicepresidente es un “wong” más.

Minas Conga: ¿por el progreso de todos los peruanos?

Por Barbara Salas Vanini

Minas Conga es un proyecto minero ubicado en el departamento de Cajamarca, el cual contempla una inversión total de US$ 4,800 millones y una ganancia total  para el Estado peruano por impuestos y regalías estimada en US$ 2,800 millones. La compañía minera Yanacocha –conformada por sus socios Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía Buenaventura (43,65%) e International Finance Corporation (5%)– tiene previsto explotar este yacimiento aurífero durante los próximos veintisiete años (tres de construcción de reservorios, diecinueve de operación y cinco de cierre), dando trabajo a más de 6,800 personas. 

Pese a los supuestos beneficios, los cajamarquinos de los distritos de Huasmín y Sorochuco, en la provincia de Celendín, y del distrito de la Encañada, en la provincia de Cajamarca, se oponen a Minas Conga, entre otros factores, por el impacto ambiental que puede ocasionar en la zona, especialmente al recurso del agua. Así, la situación en Cajamarca ha desatado una serie de manifestaciones tanto pacíficas como violentas, producto de la polarización de la población por este conflicto socioambiental, uno de los tantos que existen en el Perú.

Lo que parecen olvidar los defensores del proyecto minero es que el crecimiento económico no asegura el progreso del país. Según el IDH (Índice de Desarrollo Humano) del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el progreso de un país no sólo se mide por el crecimiento económico sino que también por criterios como la salud, educación, democracia, igualdad, etc. Por lo tanto, no se puede afirmar que con el proyecto Minas Conga, y en general, con la minería, todos los peruanos tengamos asegurada la mejora de la calidad de vida y, por ende, el desarrollo de nuestro país.

El Perú sí es un país minero, pero eso no significa que se deban llevar a cabo proyectos de extracción de metales en cada lugar donde se encuentre mineral. La tan prometida inclusión social implica el reconocimiento de los derechos de las minorías y reducir la situación de marginalidad de determinados grupos sociales. En el caso de Minas Conga, la minoría ignorada son los cajamarquinos, en particular los pobladores rurales, quienes necesitan el recurso hídrico para sobrevivir, hacer agricultura y preservar su medio ambiente. Estos ciudadanos peruanos también quieren el progreso integral del país, por lo que, con justa razón, demandan el cuidado del agua, antes que la mina.