¡Qué tal Wong!

Por: Carlos Sánchez

El caso Chehade huele mal, y un halo de corrupción rodea a quien participó activamente en la extradición del ex presidente Fujimori en 2007. La situación es muy extraña, y aún hay más interrogantes que certezas. Primero, aún no se puede establecer cuál fue el rol del vicepresidente en este cónclave gourmet que, en el restaurante Brujas de Cachiche, reunió a tres generales de la Policía Nacional y allegados a Chehade. Segundo, ¿alguien comprende cuál es el interés real del vicepresidente en la azucarera Andahuasi? Y tercero, extraña que el presidente Ollanta Humala haya dejado pasar una oportunidad como ésta. Salvando las distancias, el asunto es tan mediático como el caso Ciro, pero el presidente no ha sabido, o no ha querido, mostrarse enfático; no ha expuesto a los medios ni su liderazgo político, ni su capacidad de mando y ni tampoco su tan pregonada lucha frontal contra la corrupción.

Wong, en tanto grupo empresarial, no aportará mucho a las investigaciones. A través de su representante, ha declarado que judicialmente está todo a su favor. Sin embargo, si somos objetivos, este es un movimiento obvio para mantener la ‘buena’ imagen corporativa. No obstante, sería muy grave que se compruebe que esta empresa familiar, que ya forma parte de la primera gran crisis política de este gobierno, jugó sus cartas bajo la mesa (del restaurante).

Si el general en retiro Guillermo Arteta no miente y el tema principal de la cena fue el desalojo de la azucarera Andahuasi, el clan familiar estaría “metiendo cabe” al orgullo de miles de peruanos emprendedores, quienes vieron en ellos un ejemplo de lucha y superación a base de esfuerzo y trabajo honesto. ¿Dónde quedó el espíritu emprendedor de la bodega? Si la familia Wong usó a Chehade, no cabe duda que el vicepresidente es un “wong” más.

Minas Conga: ¿por el progreso de todos los peruanos?

Por Barbara Salas Vanini

Minas Conga es un proyecto minero ubicado en el departamento de Cajamarca, el cual contempla una inversión total de US$ 4,800 millones y una ganancia total  para el Estado peruano por impuestos y regalías estimada en US$ 2,800 millones. La compañía minera Yanacocha –conformada por sus socios Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía Buenaventura (43,65%) e International Finance Corporation (5%)– tiene previsto explotar este yacimiento aurífero durante los próximos veintisiete años (tres de construcción de reservorios, diecinueve de operación y cinco de cierre), dando trabajo a más de 6,800 personas. 

Pese a los supuestos beneficios, los cajamarquinos de los distritos de Huasmín y Sorochuco, en la provincia de Celendín, y del distrito de la Encañada, en la provincia de Cajamarca, se oponen a Minas Conga, entre otros factores, por el impacto ambiental que puede ocasionar en la zona, especialmente al recurso del agua. Así, la situación en Cajamarca ha desatado una serie de manifestaciones tanto pacíficas como violentas, producto de la polarización de la población por este conflicto socioambiental, uno de los tantos que existen en el Perú.

Lo que parecen olvidar los defensores del proyecto minero es que el crecimiento económico no asegura el progreso del país. Según el IDH (Índice de Desarrollo Humano) del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el progreso de un país no sólo se mide por el crecimiento económico sino que también por criterios como la salud, educación, democracia, igualdad, etc. Por lo tanto, no se puede afirmar que con el proyecto Minas Conga, y en general, con la minería, todos los peruanos tengamos asegurada la mejora de la calidad de vida y, por ende, el desarrollo de nuestro país.

El Perú sí es un país minero, pero eso no significa que se deban llevar a cabo proyectos de extracción de metales en cada lugar donde se encuentre mineral. La tan prometida inclusión social implica el reconocimiento de los derechos de las minorías y reducir la situación de marginalidad de determinados grupos sociales. En el caso de Minas Conga, la minoría ignorada son los cajamarquinos, en particular los pobladores rurales, quienes necesitan el recurso hídrico para sobrevivir, hacer agricultura y preservar su medio ambiente. Estos ciudadanos peruanos también quieren el progreso integral del país, por lo que, con justa razón, demandan el cuidado del agua, antes que la mina.

Osinde: un hombre más del peronismo

Por Bárbara Salas Vanini

El teniente coronel Jorge Osinde fue uno de los tantos personajes siniestros que forman parte de la historia del peronismo en Argentina. Fue un militar simpatizante con el ala derechista del movimiento peronista, al cual sirvió a través de sus ‘hazañas’ en el Servicio de Inteligencia de Argentina durante los gobiernos de su líder Juan Domingo Perón.

Osinde es recordado por el pueblo argentino por una de sus misiones más importantes como militar de inteligencia: la masacre de Ezeiza. En este oscuro episodio, Osinde organizó un recibimiento oficial por el regreso de Perón a la Argentina el 20 de junio de 1973, evento al que acudieron millones de personas, tanto del sector izquierdista y derechista del peronismo. Los primeros, al querer ocupar los palcos cercanos al podio donde iba a hablar Perón, fueron atacados con metralletas y demás armas de fuego por los derechistas y personal de inteligencia del ejército argentino. El suceso en Ezeiza, mencionado en la investigación periodística de Tomás Eloy Martínez, consagró la imagen de Osinde como un militar capaz de armar misiones que impliquen la muerte de vidas humanas con tal de perjudicar a los grupos sociales que iban en contra de sus principios fascistas: los montoneros y demás organizaciones de la izquierda peronista.

Basándose en los señalado por Eloy Martínez en su investigación ‘Eva Perón: la tumba sin sosiego’, Osinde, a pesar de ser conocido por el ‘torturador’ durante los periodos de gobierno de Perón, no se escapa del sentimiento de lealtad y servicio hacia su líder y se deja enredar en el misticismo de dicho fenómeno político. Su actitud va acorde con los valores y principios propios de una persona que pertenece a un cuerpo militar, en el que su individualidad se ve diluida bajo la estructura de una institución que impone una sola forma de pensar y actuar.

Siguiendo su fidelidad hacia el general Perón, Osinde llegó a velar por el cuerpo embalsamado de una de las figuras más importantes y emblemáticas del peronismo: Evita Perón. Así es como, luego de varios intentos infructuosos por localizar y llevar el cuerpo al general, Osinde siguió visitando hasta su muerte la tumba de la primera dama más querida en la historia de Argentina, de acuerdo a su derecho auto adjudicado de cuidar a la ‘santa’ y liberarla de su confinamiento. 

Una discriminación no tan positiva

Por Jorge Mego Rojas 

En el mundo actual ha aparecido un nuevo tipo de inclusión: la discriminación positiva. Ésta es una medida social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos ofreciéndoles la oportunidad efectiva de equiparar su situación de mayor desventaja social.

El Perú-un país en pleno desarrollo económico y cultural-no escapa a esta nueva ‘moda’. La población se jacta que existe una integridad, pluralidad y un orgullo por la patria. Sin embargo, el país se olvida de un elemento que aún nos separa: la desigualdad. Esta característica nos lleva a pensar en la inclusión como un objeto ilusorio. La exclusión es un síntoma real de las desventajas sociales de los peruanos. Raza, sexo, edad, religión, ideología son motivos de desigualdad en nuestro país. ¿Entonces se puede pensar en la discriminación positiva como una herramienta para eliminar la exclusión de ciertos grupos?

La realidad del país nos muestra un campo desigual por todos sus rincones. Las tres regiones del Perú-Costa, Sierra y Selva-nos pueden nutrir de innumerables e interminables ejemplos. Me pregunto si los genios que han propuesto a la discriminación positiva como instrumento de inclusión han revisado nuestra realidad. ¿El Estado podrá cubrir las demandas de todas las minorías en desventaja social, la ayuda llegará a todos los sectores del país y las luchas por la igualdad son las mismas en todos los grupos? Por lo antes dicho, pensar en la discriminación positiva como una herramienta de lucha por el respeto al derecho a la igualdad es no saber el lugar donde nos encontramos parados. 

Estas medidas buscan disminuir la desigualdad de un sector minoritario desde un contexto que no es equitativo para nadie. Ayudar a un determinado grupo qué tan favorable puede ser para el crecimiento del país. Crear oportunidades de inclusión, por un determinado tiempo, para estas minorías es una buena medida. El problema radicará cuando el “contrato de ayuda” se acabé. ¿Qué pasará con estas minorías si están en pleno desarrollo y el Estado decide dejarlos caminar por sí mismos?

Todos conocemos la realidad y la gestión del Estado. Un proyecto de tamaña inversión, planificación y ejecución queda grande para una administración del gobierno-que ha demostrado a lo largo del tiempo su incapacidad. Crear medidas sociales-dar puestos de trabajo, generar centros de educación con alto grado de instrucción, etc.-implicaría asumir un rol paternalista que el Estado no puede representar. El paternalismo no puede existir en un entorno en el cual el padre no tiene los recursos básicos para subsistir.

La situación no es la misma para todos los grupos. Las mujeres de nuestro país son un claro ejemplo. La lucha que se pretende iniciar es por los derechos de igualdad de las mujeres de la ciudad, la rural o de aquella fémina perteneciente a un clan de la selva o sierra. Las desigualdades de cada grupo son diversas al igual que la realidad en la que se desenvuelve cada uno. 

Si la medida fuera efectiva para el día de mañana qué problemática se atendería primero. La discriminación positiva sigue siendo un término excluyente en una sociedad peruana que ya de por sí se encuentra disminuida y fragmentada. El problema de la desigualdad en el Perú es un tema que no se resolverá sólo con el apoyo o la disminución de las desventajas sociales de un sector de la población.

Discriminación positiva: una forma de proteger a la mujer peruana

Por Barbara Salas Vanini

La semana pasada, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso decidió archivar la propuesta de ley del feminicidio, la cual intentaba incorporar en el Código Penal los homicidios perpetrados hacia las mujeres en un contexto de violencia sexual, doméstica o discriminación de género. Según dicha ley, el Estado peruano penalizaría este tipo específico de crimen hacia las mujeres por ser una práctica común en la sociedad peruana.

Acorde con las estadísticas manejadas por el Ministerio de la Mujer y distintas ONGs, el Perú es el primer país en Sudamérica y el tercero en Latinoamérica (después de México y Guatemala) en presentar la tasa más alta de violencia contra la mujer. Todos los días, los ciudadanos somos informados de los crímenes más atroces perpetrados hacia ellas -en la mayoría de casos, por su pareja sentimental- debido principalmente a su condición de mujer. Golpizas, violaciones sexuales y estrangulaciones son las formas más comunes en las que se exterioriza la violencia de género en la sociedad peruana.

La alarmante situación requiere algún tipo de norma que visibilice estos crímenes tipificados y regule la gran cantidad de casos que se dan a lo largo y ancho del país. Sin embargo, la mencionada comisión del Congreso archivó la modificación del Código Penal, impidiendo que esta se discuta en el pleno. Los detractores aseguran que la violencia doméstica (que no es lo mismo que feminicidio) ya está regulada por el Estado peruano y que no puede haber una distinción de género en la aplicación de la ley.

Sin embargo, es importante señalar que la propuesta de modificación distingue un tipo de delito que no está visibilizado por ninguna norma. Todos los crímenes hacia las mujeres son tratados como casos de violencia familiar, dejando desapercibida la violencia que sufre la mujer de forma específica. La llamada ley de feminicidio sí contempla la discriminación positiva hacia la mujer por el hecho que a esta se le trata de manera diferente en la sociedad y sea objeto de diversos tipos de violencia que pueden ir desde el maltrato cotidiano hasta el homicidio. Al igual que otras normas como la ley de cuotas en el Congreso, el propósito es reducir la discriminación que padecen ciertos sectores de la población, los cuales, por alguna condición, se ven perjudicadas de manera concreta. Si hay una distinción de género en la convivencia social, debe haber una distinción de género al momento de aplicar la ley.