Por
Barbara Salas Vanini
La semana
pasada, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso decidió
archivar la propuesta de ley del feminicidio, la cual intentaba incorporar en
el Código Penal los homicidios perpetrados hacia las mujeres en un contexto de
violencia sexual, doméstica o discriminación de género. Según dicha ley, el
Estado peruano penalizaría este tipo específico de crimen hacia las mujeres por
ser una práctica común en la sociedad peruana.
Acorde
con las estadísticas manejadas por el Ministerio de la Mujer y distintas ONGs,
el Perú es el primer país en Sudamérica y el tercero en Latinoamérica (después
de México y Guatemala) en presentar la tasa más alta de violencia contra la
mujer. Todos los días, los ciudadanos somos informados de los crímenes más
atroces perpetrados hacia ellas -en la mayoría de casos, por su pareja
sentimental- debido principalmente a su condición de mujer. Golpizas,
violaciones sexuales y estrangulaciones son las formas más comunes en las que
se exterioriza la violencia de género en la sociedad peruana.
La
alarmante situación requiere algún tipo de norma que visibilice estos crímenes
tipificados y regule la gran cantidad de casos que se dan a lo largo y ancho del
país. Sin embargo, la mencionada comisión del Congreso archivó la modificación
del Código Penal, impidiendo que esta se discuta en el pleno. Los detractores
aseguran que la violencia doméstica (que no es lo mismo que feminicidio) ya
está regulada por el Estado peruano y que no puede haber una distinción de
género en la aplicación de la ley.
Sin
embargo, es importante señalar que la propuesta de modificación distingue un
tipo de delito que no está visibilizado por ninguna norma. Todos los crímenes
hacia las mujeres son tratados como casos de violencia familiar, dejando desapercibida
la violencia que sufre la mujer de forma específica. La llamada ley de feminicidio
sí contempla la discriminación positiva hacia la mujer por el hecho que a esta
se le trata de manera diferente en la sociedad y sea objeto de diversos tipos
de violencia que pueden ir desde el maltrato cotidiano hasta el homicidio. Al
igual que otras normas como la ley de cuotas en el Congreso, el propósito es
reducir la discriminación que padecen ciertos sectores de la población, los
cuales, por alguna condición, se ven perjudicadas de manera concreta. Si hay
una distinción de género en la convivencia social, debe haber una distinción de
género al momento de aplicar la ley.
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